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20/Nov/2009

Efraín del Castillo
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La madrugada del martes 17 de este mes de noviembre, los legisladores federales de San Lázaro votaron por amplia mayoría a favor del proyecto de presupuesto de egresos para 2010, haciendo más de cien adecuaciones, modificaciones o enmiendas a la iniciativa enviada por Felipe Calderón Hinojosa, la cual se orientaba a conservar las prerrogativas legales pero ilegítimas de los grupos de poder, no obstante que el costo se le trasladara a la gente que tienen como contribuyentes cautivos y que deberá correr nuevamente con los gastos del festín.

No obstante lo cuestionable que pueda ser en lo general, el presupuesto para 2010 contempla incrementos no esperados para la UNAM, por 600 millones de pesos y para otras instituciones de educación superior, como la Universidad del Distrito Federal que recibirá alrededor de 100 millones de pesos más de lo que ejerció en 2009. El Rector José Narro Robles manifestó su satisfacción con el monto aprobado, pues se aproxima bastante a la cantidad que la Universidad solicitó al Congreso. Anunció los rubros del gasto a los cuales se destinarán los recursos y entre los cuales destacan el mantenimiento de instalaciones e infraestructura dedicada a la investigación científica, así como la adquisición de equipos que son indispensables para garantizar la calidad de la educación superior y asegurar la competitividad de la propia institución. A las actividades agropecuarias, los diputados federales les asignaron la nada despreciable suma de 270 mil millones de pesos, mismos que deberán ser ejercidos a través de diversas dependencias federales. 

Un extraño tema es el de las dependencias cuya desaparición se había anunciado hace meses, las secretarías de Turismo, Función Pública y Reforma Agraria. Las tres tienen asignaciones presupuestales en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2010. No se entiende el sentido de esta aprobación o lo que no queda claro es la razón por la cual habían anunciado su desaparición, si no tenían la determinación de consumarla.

Dejando de lado los aspectos logísticos de la aprobación y la maña utilizada para hacer válida una sesión que empezó el domingo pasado y que representó un enorme desgaste para los legisladores y equipos de apoyo, lo que nos interesa o al menos debería hacerlo, es la satisfacción o no de los actores en esta comedia. Sale a colación este asunto, debido a que los propios legisladores, incluidos algunos que votaron a favor, han manifestado su rechazo al presupuesto que en breve surtirá efectos de ley y será de observancia obligatoria. Hubo quienes se atrevieron a pedirle a FCH que lo vetara. Lo más risible es que son de su propio partido y dormidos o despiertos, lo avalaron votando a favor. Ahora se percatan que votaron a favor de un monstruo y han reculado en su decisión, pidiendo la revocación del mismo para satisfacer sus apetitos de conveniencia política.
Para no variar, Gerardo Fernández Noroña emitió diversos descalificativos y denunció la ilegalidad del documento, toda vez que procede de una argucia legaloide, derivada de haber detenido el reloj parlamentario, a fin de que el presupuesto fuera votado con fecha del 15 de noviembre, como lo marca la ley en la materia. Con recesos, se logró que la sesión permanente del domingo pudiera extenderse hasta el martes y hacerla valer mediante acuerdo de los partidos con mayor número de legisladores en la Cámara de Diputados.

Desde luego, el presupuesto aprobado contiene una serie de desproporciones como los salarios de diversos servidores públicos que no sólo rebasan la asignación salarial de 204 mil pesos de Felipe Calderón, si no que resultan francamente ofensivos para la inteligencia y dignidad popular. Hay algunos consejeros que devengarán más de 300 mil pesos cada 30 días. No es posible que esto siga dándose en México a estas alturas del partido. Por si fuera poco, coinciden los anuncios y sobre todo, uno que nos llama poderosamente la atención, el de Transparencia Internacional que revela que nuestro país descendió de lugar en la lista mundial de corrupción. Es decir, ahora ocupamos un lugar más bajo, que nos obliga a realizar acciones para mejorar el índice de corrupción.